Asociatividad: instituciones para el desarrollo sostenible

06 Jul 2021
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Asociatividad
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La sostenibilidad entendida como garantizar la satisfacción de necesidades a poblaciones en el presente, sin poner en riesgo la misma satisfacción para las generaciones futuras, comúnmente se refiere a la capacidad de carga sobre los servicios ecosistémicos o a la crisis climática. No obstante, la administración sostenible de los recursos y la satisfacción de necesidades de las poblaciones actuales y futuras requiere un elemento fundamental que no siempre se concibe al hablar de sostenibilidad: las instituciones.

Estas últimas, entendidas a veces como organizaciones y otras veces como reglas de juego, en ambos casos son fundamentales para diseñar el marco institucional que, paradójicamente, hace sostenible la sostenibilidad. Las instituciones son cruciales para definir las reglas de juego y los responsables o competentes para hacerlas cumplir, en cuanto al uso sostenible de los bienes comunes de los que debe disponer una población. Incluso, pese a que en muchos casos ciertas organizaciones -públicas o privadas- conciben reglas de juego extractivas e insostenibles, esto no le quita importancia a centrarse sobre las instituciones para garantizar la sostenibilidad, pues en últimas, son estas las que permiten proteger los bienes comunes.

Por lo anterior, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, conciben una dimensión sobre las instituciones en uno de los objetivos formulados. Precisamente, en el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, esta última dimensión casi siempre olvidada, juega un papel transversal al resto de la Agenda 2030 y permite materializar la sostenibilidad en el resto de las dimensiones: son las organizaciones, mediante reglas de juego, quienes definen el uso de los bienes comunes, y, por tanto, la sostenibilidad requerida.


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Ahora, al realizar una lectura sobre los territorios en los cuales la sostenibilidad se debe alcanzar cuanto antes, las instituciones -públicas- entendidas como los gobiernos locales, resaltan como el principal actor en la arena de juego de la sostenibilidad en los territorios. No obstante, para el caso específico de Antioquia, la mayoría de los municipios presenta deficiencias en sus capacidades institucionales: 99 de 125 municipios en el Departamento son categoría 6º, tan solo 31 de ellos presentan su Catastro Multipropósito actualizado, y 33,6% presentó deficiencias en su gestión de finanzas territoriales a 2019. Así, es difícil materializar el proceso de Descentralización en Colombia, el cual define el aumento de capacidades y acceso a recursos para la transferencia de competencias a los gobiernos locales, capacidades, recursos y competencias dirigidas a garantizar la sostenibilidad de sus territorios.

Por esto, una de las estrategias clave para solventar estas deficiencias en los territorios es la creación de Esquemas Asociativos Territoriales, entendidos como instituciones supramunicipales o interdepartamentales que permiten generar asociaciones entre entidades territoriales con el fin de obtener economías de escala y apostar por la implementación de proyectos estratégicos en cada una de las 5 dimensiones de la Agenda 2030.

En este contexto, desde Proantioquia lideramos una conversación pública titulada Asociatividad como instrumento para el desarrollo territorial: avances y retos en Antioquia, en la cual conocimos las experiencias que, desde el DNP, la Gobernación de Antioquia, la Provincia de Cartama y la Región de Planificación y Gestión del Bajo Cauca, se han llevado a cabo en materia de asociatividad. Aquí, resalta la importancia de acompañar de forma técnica la creación y consolidación de los diferentes EATs, cerrar el vacío jurídico que tiene la asociatividad en la legislación del país, llevar a cabo la Misión de descentralización, diseñar y hacer uso eficiente de los incentivos para la asociatividad, garantizar el acceso a fuentes de financiación, generación de APP, acompañar el diseño de estatutos para la definición clara y correcta de las transferencias de los municipios a los EATs, impulsar proyectos regionales de Ordenamiento Territorial y gestión catastral, entre otros.

A razón de todo lo anterior, desde Proantioquia estamos llevando a cabo la línea de Gobierno y Territorio, que tiene por objeto acompañar el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas, específicamente de los EATs, concibiendo como propuesta central que la asociatividad es clave para la descentralización y la sostenibilidad de la región y el país.

Algunos datos de interés

  • Aún no se cruzan los datos de administración pública del Estado colombiano con los indicadores de sostenibilidad de la Agenda 2030. El indicador trazador del ODS 16 es Tasa de Homicidios.

  • Aún no se cuenta con una Misión de Descentralización -exigida por la Ley 1962 de 2019 “Ley de Regiones” con plazo de 6 meses luego de su expedición-, así como de una Ley de Concurrencia y Subsidariedad que determine las competencias de los distintos niveles del Estado y sus relaciones intergubernamentales.

  • Al 2020, Colombia contaba con 81 EAT de los cuales el 10% estaba inactivo, el 26% poco activo y el 63% activo.

  • En el año 2020, el DNP lanzó el Kit de Asociatividad, como estrategia clave para mejorar el acompañamiento técnico a los EATs en Colombia.

Te invitamos a participar activamente de la creación de estrategias que faciliten el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de:

antioquiasostenible.proantioquia.org.co

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