La descentralización en Colombia es una conversación que tiene 33 años de atraso, en los cuales actores de la vida nacional, congresistas, gobernantes locales y regionales y ciudadanos hemos reclamado, con justicia, dar cumplimento a lo estipulado en la Constitución Política del 91 en su artículo 1o: “... una República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. No es una conversación nueva.

Es de celebrar que este tema esté en la agenda legislativa y que haya acuerdo en la necesidad de darle mayor autonomía a las regiones. Por esto mismo resulta extraño que este proyecto, fundamental para la sostenibilidad y desarrollo de las regiones, se haya estado tramitando de manera silenciosa. Hace poco el país se enteró que esta iniciativa, promovida por el partido En Marcha, al cual pertenece el ministro del Interior, ha surtido 6 de los 8 debates necesarios para su aprobación. Una conversación que busca redistribuir el poder de toma de decisiones y su ejecución, no puede darse de espaldas al país.

El diablo está en los detalles. Un proyecto loable y necesario como este, debe llegar a las instancias de aprobación con certezas sobre su viabilidad. Las críticas que han hecho expertos en economía, ex-ministros y el propio ministro de Hacienda actual, quien ha señalado que la iniciativa es “absolutamente insostenible fiscalmente y afectaría las finanzas de la Nación”, son muestra de que esta reforma adolece de suficiente concertación al interior del propio Gobierno Nacional y con los sectores interesados.

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, expuso también las razones sobre su inconveniencia, tal y como está planteada hoy: se pondría en riesgo la viabilidad del Estado como un todo, debido a que hay una muy baja probabilidad de financiar al Gobierno con más endeudamiento o con más impuestos; se sacrificaría la inversión de la Nación en el cierre de brechas y en la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad, así como la subvención de los derechos de los ciudadanos en salud y los compromisos con más de 2.5 millones de pensionados, entre otras. Esta reforma debe responder a criterios técnicos y no puede poner en riesgo a las finanzas públicas y la economía del país.

La propuesta aún no responde preguntas como: ¿Qué competencias y responsabilidades se van a transferir a los departamentos? ¿Cómo se transfieren las capacidades de la Nación a las entidades territoriales? ¿Qué entidades del orden central van a desaparecer?, entre otras.

Las reformas estructurales, como esta, siempre tendrán críticas y detractores y será difícil encontrar el momento perfecto para su aprobación e implementación. Es indudable que la reorientación del uso de los fondos nacionales a las regiones es un avance hacia un modelo fiscal más justo, en el que los departamentos sean protagonistas de su propio desarrollo. Que no quede duda, la descentralización es el camino hacia el fortalecimiento de las regiones y el cierre de brechas sociales.

Se requiere, sin embargo, responsabilidad. Ninguna reforma, por necesaria que sea, puede poner en riesgo las finanzas de la Nación.