El Congreso de la República comenzó este 20 de julio uno de los periodos legislativos más importantes para la historia de Colombia. El Senado y la Cámara de Representantes tienen el mandato constitucional de legislar, representar al pueblo y ejercer control político sobre el Ejecutivo. En un país que afronta reformas cruciales en pensiones, salud, educación y trabajo, la labor de esta Institución -que cuenta con una aprobación del 26% según INVAMER- es vital para asegurar que estos temas se discutan de manera amplia, se voten libremente y se concentren única y exclusivamente en el bienestar de los colombianos. El país necesita hoy un Congreso conectado con las necesidades y las expectativas de los ciudadanos.
En la pasada legislatura el Gobierno Nacional logró la aprobación de proyectos como la Reforma Pensional y la Jurisdicción Agraria, pendientes aún de sanción presidencial y revisión por parte de la Corte Constitucional, además de avanzar en el primer debate en la Reforma Laboral. Sin embargo, enfrentó derrotas significativas con las reformas de Salud y Educación. La de Salud, esencial para la agenda presidencial, no logró reflejar las demandas fundamentales del Sistema y tampoco obtuvo el suficiente apoyo político. En el caso de la de Educación, pese a haber alcanzado un acuerdo en el tercer debate, la misma se hundió en el Senado.
Para esta nueva legislatura se esperan, además de los proyectos que no culminaron el trámite durante la legislatura que termina, las siguientes iniciativas: bajar la tasa del impuesto de renta corporativa del 35% al 30%, crear estímulos tributarios para la generación de energías renovables, reforma a la Justicia, Transición Energética y Servicios Públicos, Transformación Digital del Estado y Minería, entre otros. Muchos temas y poco tiempo. La efectividad de esta legislatura dependerá de la habilidad del Legislativo de escoger sus apuestas.
El Congreso tiene una labor crítica en el avance y consolidación de reformas esenciales para Colombia. Sin embargo, bajo esta lista de tareas subyace lo verdaderamente importante: recuperar su independencia en pro del cuidado de la democracia, defender el balance entre proyectos de iniciativa parlamentaria y de Gobierno y hacer un efectivo control político. Más prioritario aún, concentrar los esfuerzos en lo estructural e innegociable: la salud, la educación y la justicia en el país.
Hoy, en medio de un ambiente enrarecido por denuncias de corrupción y de trámites irregulares de las iniciativas legislativas, el Congreso tiene la oportunidad en esta nueva legislatura de profundizar en una agenda que permita avances sociales, manteniendo y fortaleciendo las instituciones y sus reglas democráticas. Solo así podrá recuperar, más que su escasa aprobación en las encuestas, la confianza de la ciudadanía.
Esta no es una legislatura para los cálculos electorales, se requiere quitar la atención en el 2026 para trabajar por el presente del país, único camino para garantizar un mejor futuro.
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