En Colombia hay 32 departamentos, y en ellos 1122 entidades administrativas locales, entre municipios, distritos y áreas no municipalizadas. Somos un país diverso, con historias distintas, territorios dispares, retos y oportunidades que en ocasiones se gestionan en las regiones; pero que en su mayoría dependen de las decisiones que se toman en la capital, Bogotá.

La Constitución Política de nuestro país, en su artículo 1o declara: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. Hablar entonces de descentralización no se opone al concepto de República unitaria, por el contrario enriquece nuestro sentido de Nación. Descentralización no es federalización.

Abordar esta conversación es apenas lógico si tenemos en cuenta que el crecimiento de Colombia está marcado por el desarrollo de sus regiones. De acuerdo con el director de la Misión de Descentralización en Colombia, el Centro recaba el 81% de los impuestos, los departamentos 5% y los municipios 14%. La Nación gasta 68% y los gobiernos territoriales 9% y 23% respectivamente. Para crecer, se requiere acelerar el desarrollo del país desde sus regiones, y para que ello sea posible es importante mayor equidad en el recaudo y el gasto. Hoy las regiones dependen de las transferencias, precisamente, porque los principales tributos están centralizados en la Nación.

La descentralización en Colombia tiene 33 años de atraso, si hablamos de cumplir con el espíritu de la Constitución. Humberto De la Calle, miembro de la Asamblea Constituyente, lo resume así: “Yo diría que los primeros meses de la Constituyente, el trabajo de la comisión respectiva se centró más en la vigorización del municipio, lo cual fue dejando al Departamento para ser tratado, perdónenme la palabra, como de afán al final, por lo tanto, la realidad que sale del 91 es la de unos departamentos confusos, sin claridad en sus funciones y sin capacidad de generar tributos propios”. La Constitución del 91 fue municipalista y a los departamentos los dejó con unas rentas inelásticas. La conversación sobre el fortalecimiento de los departamentos sigue siendo una deuda.

Recientes acontecimientos como la discusión sobre el metro de Bogotá, la cancelación de las vías 4G en el Caribe o la pérdida de los Juegos Panamericanos, entre otros, han despertado de nuevo esta discusión; sin embargo, se ha intentado reducir a un asunto ideológico o de partidos. La descentralización es un tema de ciudadanía, en el que debemos participar instituciones, academia, gremios, empresas y, también, políticos. Es sobre el modelo de Estado que queremos los colombianos.

El problema del centralismo no es, entonces, Bogotá. El centralismo sería igual de inconveniente si el poder y la toma de decisiones para el resto del país, estuvieran concentrados en Peque, Antioquia.

No importa si la capital de Colombia queda en Bogotá, Peque o Punta Gallinas. Lo realmente importante es repensar la organización territorial desde las regiones como una oportunidad estructural para avanzar en la agenda social, incidir en los principales problemas públicos de los territorios y cerrar brechas de desigualdad.

Descentralización debería ser sinónimo de confianza. La descentralización es un mandato constitucional que debemos cumplir con responsabilidad, con sentido de urgencia pero con pausa, como un compromiso de equidad y desarrollo para todos.