La seguridad es el principal bien público bajo la responsabilidad de un Estado social de Derecho. Brindarle a los ciudadanos las garantías para el libre ejercicio de todas sus actividades, es la primera condición para habilitar el desarrollo y el bienestar de un país, el mínimo posible para la generación de riqueza, convivencia y justicia social. En Colombia, y en Antioquia, el Estado no está garantizando este derecho.

El control territorial por parte del Estado es un requisito fundamental de la seguridad. Sin embargo, en Antioquia la presencia de grupos armados ilegales crece sin control: según la Fundación Ideas para la Paz, FIP, el Clan del Golfo tiene presencia en el 87% de los municipios del Departamento y se posiciona como el actor armado más poderoso y numeroso del país. Adicionalmente, los Grupos Delictivos Organizados (GDO) del Valle de Aburrá se han expandido a otras subregiones de Antioquia, alcanzando presencia en al menos 37 municipios. Sin seguridad no hay territorio.

Esta ausencia del Estado en el territorio tiene graves consecuencias. Históricamente, Antioquia es el departamento con la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado: casi 2 millones de personas, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Situación que se agrava con una política de paz del Gobierno Nacional que ha fracasado en las medidas de cese al fuego y respeto por la sociedad civil. Sin seguridad no hay una vida digna.

La naturaleza también es víctima. Aunque la deforestación en Colombia disminuyó en el 2023, Antioquia es el quinto departamento más afectado por esta problemática. Durante el último año hemos perdido más de 8.000 hectáreas de bosque – el equivalente a 79 veces el área del Cerro El Volador en Medellín-, debido a la minería ilegal y los cultivos ilícitos de coca, que hacen los grupos al margen de la ley. Sin seguridad no hay medio ambiente.

La violencia y la ilegalidad, ante la inacción del Gobierno Nacional en el territorio, son un gran negocio. Diversas investigaciones han estimado que el valor agregado de la producción exportable de cocaína equivale al 2% del PIB de Colombia; y en Urabá, fruto del tráfico de migrantes en el Darién, el Clan del Golfo recaudó alrededor de $60 millones de dólares en el 2023, como lo reporta el centro de pensamiento InSight Crime. Sin seguridad no hay economía legal.

La idea de la “Paz Total” ha generado incentivos perversos. Envía, por un lado, un mensaje de permisividad a organizaciones criminales, abriendo la posibilidad de negociar independientemente del costo social que generen y de su continuidad en actividades ilegales. Por otro lado, restringe de manera importante las acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, que frecuentemente no pueden actuar por treguas y otros tipos de acuerdos. Sin seguridad no hay paz.

No es un tema de percepción, es una realidad. La seguridad, requisito indispensable para el desarrollo, no va bien. Sin seguridad no hay confianza para la inversión. Sin seguridad no hay cohesión social. Sin seguridad, es imposible pensar en un proyecto de Nación que nos una a todos.

La seguridad es un bien público que no pertenece a ninguna orilla ideológica. Es una condición habilitante del desarrollo. El Gobierno Nacional está en la obligación de garantizarla.