Por: Rafael Aubad, Presidente Proantioquia – Portafolio

Las negociaciones  exitosas entre el Gobierno y las FARC serán un primer paso para culminar un conflicto que ha dejado miles de muertos, desaparecidos, desplazados, despojados y víctimas. Pero el más exigente es construir una sociedad más cohesionada, democrática y  participativa, desde escenarios que nos comprometan a todos.

La prueba de fuego para este trabajo como sociedad será lo rural. Allí sabremos qué tanto estamos preparados para responder al anhelo de un campo más productivo y equitativo. Y ello necesita dos estrategias de fondo. Una, de desarrollo rural y otra de legitimidad del Estado, que se deberán reforzar mutuamente en el tiempo. Pero la primera necesita muchas condiciones desde la segunda. La primera  tiene avances significativos en su formulación integral; la llamada “Misión Rural” es una buena hoja de ruta; pero como es apenas normal, hay que  ponerle horizontes de tiempo razonables por la alta inversión pública que demanda. La segunda, aún no se consolida integralmente, entre otras razones porque conlleva grandes exigencias inmediatas y de integración y coordinación interinstitucional, pero que cuenta con elementos críticos para la consolidación de la primera. Nos atrevemos a insistir en algunos retos al respecto

La aceleración  urgente de los procesos de  formalización de la propiedad rural. Un país con un 47.7% de predios rurales sin títulos, acusa una enorme restricción para el desarrollo de su agricultura y para la equidad. Complementariamente, combatir por todos los medios la cultura del subsidio permanente, uno de los factores que,  señalan los agricultores, contribuyó a la falta de oferta laboral en las recientes cosechas del país. Las preocupaciones del Director del Departamento Nacional de Planeación en ese sentido van en la dirección correcta; el peor de los  mundos sería encontrarnos con una misma familia campesina que recibe subsidios por víctimas, dejación de coca, familias en acción y que utilizando unos y otros, quiera prolongarlos en el tiempo. La inversión en agua potable, energía, vías, educación, salud, es la gran agenda; los subsidios permanentes solo prolongan las condiciones de atraso.

Reforzar con acuerdos intergubernamentales a todos los niveles y con la colaboración estrecha de las universidades,  programas,  muy bien estructurados,  ¡pues nada más estorboso que un practicante  con voluntad ¡, de fortalecimiento  de  capacidades locales para  ejercer  y controlar, la gestión pública. Según el último índice de desempeño del Departamento Nacional de Planeación, el 29% de los municipios del país se encuentran en el tercio más bajo de desempeño integral: en temas fiscales, de eficacia, eficiencia, y capacidad administrativa. A su vez, en el  índice de percepción de corrupción, Colombia se encuentra  en el puesto 94 entre 175 países, con una más alta percepción de corrupción en lo público y en los municipios más pequeños. Prioritario en estos programas el  fortalecimiento de la justicia a nivel local.

¿No será que liderar e innovar política y técnicamente en cómo enfrentar estos temas y en la convocatoria social para enfrentarlos, es la tarea central del Ministerio del Posconflicto? Creemos que así lo entiende el Ministro Pardo.

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