Por: Rafael Aubad, Presidente Proantioquia – El Colombiano

La débil presencia estatal en muchas regiones del territorio nacional se ha visto reflejada en el monopolio por terceros de la provisión y control de los bienes públicos, función constitucional del Estado. En muchos lugares, la tributación, la seguridad y la justicia están en manos criminales, produciendo profundas degradaciones institucionales, sociales y ambientales. Las mayores manifestaciones de esta situación se encuentran muchos territorios mineros, en donde hay un vergonzoso y prolongado desafío en todos los campos al Estado y a la sociedad en general.

La minería, que en otros países vecinos, por ejemplo en Perú y Chile, es una gran palanca del desarrollo, en nuestro medio se ha convertido, en muchos casos, en una tragedia ambiental y social. Buriticá es nuestro ejemplo cercano más triste.

Buriticá cuenta con 10 millones de onzas de reservas probadas en oro. Si se explotaran en el marco de un proyecto con responsabilidades sociales y ambientales, podría generar 2.200 empleos formales y producir 300.000 onzas anuales con todas las implicaciones positivas, tributarias y de desarrollo de circuitos productivos para sus habitantes. Por el contrario, predomina la minería ilegal y criminal, cuyas manifestaciones son todas negativas.

El municipio tiene un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de 70.3 %; mucho más alto que vecinos como Cañasgordas (57,1 %), Giraldo (47,3 %) y Santa Fe de Antioquia (44,1 %). La cobertura en agua potable no supera el 25 %, la tasa de embarazo adolescente es de 105 por cada mil mujeres (en los otros tres municipios el promedio es de 72,7 %) y el número de víctimas por grupos armados pasó de 53 en 2013 a 114 en 2014.

En el 2013 el Gobierno Nacional convocó a hacer de Buriticá una Zona Libre de Pobreza (Zolip). El llamado tuvo un gran eco por parte del gobierno departamental, de fundaciones y de empresas – la mayoría de ellas sin interés en la minería –, pero los propósitos no se pudieron alcanzar. La población original del municipio que en 2012 era de 6.450 habitantes, pasó a aproximadamente 20.000 personas en 2015, de la mano del boom de la minería ilegal. Arrastrando un crecimiento exponencial de necesidades que hacían imposible los propósitos de Zolip. Y los problemas y necesidades continúan creciendo. ¿Qué hacer entonces como sociedad?

Recientemente los habitantes nativos se han interesado en participar activamente en la definición de su futuro. Vienen trabajando en una Mesa que promueva la formalización minera. Este es un buen comienzo, que empieza a tener respaldo en la Procuraduría Nacional y en las autoridades mineras. Debemos apoyar esta iniciativa para que se convierta en un arreglo interinstitucional de largo plazo, donde la minería sea posible con planes de responsabilidad social enmarcados en el cumplimiento de estrictas pautas ambientales. Las autoridades ambientales necesitan ser más proactivas en el sentido de ser muy facilitadoras de la formalización y legalización minera, particularmente en proyectos con gran respaldo institucional y técnico, como palancas de bienestar y progreso. Todo minuto de trámites adicionales es menos agua, más crimen, menos árboles.

Compartidos