El cambio climático se consolidó en 2015, finalmente, como uno de los principales temas en la discusión de la agenda pública, equiparándose con la oleada de inmigrantes de oriente medio y África a Europa, la escalada del terrorismo internacional y los problemas económicos persistentes de algunos países europeos y emergentes.

En 2015 fueron innumerables las cumbres y reuniones alrededor del cambio climático, destacándose la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) durante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en septiembre y el acuerdo alcanzado en la Conferencia del Clima en París (COP21) hace unos días. Los ODS definieron 17 objetivos con 167 metas que deberán cumplirse para 2030 en ámbitos tan diversos como la educación, la salud, el trabajo decente y el medio ambiente; mientras que la COP21 estableció planes de acción para cada país que apuntan a limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales.

La adopción de estas iniciativas y la relevancia que han ganado para la opinión pública ponen de manifiesto una verdad que no siempre fue reconocida: el desarrollo trasciende el logro de metas netamente económicas (crecimiento del PIB y PIB per cápita, por ejemplo) para cobijar también aspectos asociados a la sostenibilidad del mismo, máxime cuando los costos asociados a la destrucción del medio ambiente no son asumidos plenamente por quienes los causan sino que son compartidos por toda la sociedad.

Esto, sin lugar a dudas, plantea retos enormes para quienes gobernarán los municipios y departamentos de Colombia hasta 2019, pues si son responsables incluirán dentro de sus propuestas de política pública acciones orientadas a contribuir a la sostenibilidad del desarrollo en sus territorios y a la contención del cambio climático. Como ejemplo se puede citar la creación de la iniciativa Colombia Sostenible del gobierno nacional, la cual espera recaudar 2 mil millones de dólares para detener la deforestación y el costo ambiental del conflicto armado en los próximos años.

Ahora bien, el establecimiento de iniciativas en ese sentido no estará exenta de dificultades y dudas. En primer lugar, la sostenibilidad implicará necesariamente afectar los intereses de personas y actividades empresariales con un enorme poder económico y político. ¿Tendrán los nuevos gobernantes la suficiente convicción para ir en contra de esos intereses y el pragmatismo necesario para escoger las luchas que pueden ganar? También hay que saber identificar los temas en los que realmente se puede avanzar dadas las restricciones presupuestales y técnicas que se enfrentan en el ejercicio público.

¿Cómo priorizar algunos objetivos dentro del sinnúmero de iniciativas que existen en materia de sostenibilidad? Un análisis costo beneficio es fundamental para esto. Finalmente, y no menos importante, es lograr la vinculación de la ciudadanía para apoyar y ejercer presión en favor de la sostenibilidad. ¿Cómo diseñar políticas que el ciudadano común comprenda y esté dispuesto a defender? ¿Cómo hacerlo partícipe del cambio? Un liderazgo contundente con objetivos y planes de acción concretos que cautiven a la gente es la respuesta.

El 2015 dejó un mandato claro para la sostenibilidad tras décadas de arduo debate. Ahora viene algo no menos complejo: asegurar su implementación.

Daniel Payares

Analista de Proyectos Proantioquia

Compartidos