Aunque el Pacto por la calidad del aire expresa voluntades de múltiples sectores para el mejoramiento del medio ambiente, le deja a la autoridad ambiental y de transporte en la región metropolitana el desafío de promover mediante sus funciones de comando y control las estrategias más relevantes para la reducción de la contaminación ambiental: la gestión del transporte de carga, la modernización del transporte colectivo y la gestión de la demanda de transporte privado.

“El pasado 2 de febrero se firmó el pacto por la calidad del aire, que compromete a 66 entidades públicas y privadas de los niveles local, regional, departamental y nacional con acciones puntuales para promover mejoras en la calidad del aire de Medellín. Entre las entidades firmantes se cuentan la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Corpourabá las alcaldías de Medellín y algunos de los municipios del Valle de Aburrá, EPM, el Metro de Medellín y agremiaciones empresariales como la ANDI, CAMACOL, LUNSA (Asociación de Ladrilleros) y la Asociación de Estaciones de Servicio. A diferencia del anterior Pacto por la Calidad del Aire, el firmado este año incluye el compromiso de C40, una organización integrada por los gobiernos de ciudades en el mundo con el objetivo de trabajar en acciones para la mitigación del cambio climático.

Como se ha reseñado en nuestros Informes de Calidad de Vida, la anterior versión del Pacto por la Calidad del Aire (2007) motivó la reducción gradual del contenido de azufre en el combustible dispuesto por ECOPETROL para el Valle de Aburrá, de 4500 a 50 partes por millón, lo que coincidió con una reducción sensible en las concentraciones de PM10 y PM2,5 entre 2008 y 2011. Adicionalmente, como parte de las acciones del AMVA en su función de autoridad ambiental, la ciudad amplió sus capacidades en materia de monitoreo y logró consolidar una red de evaluación de calidad del aire que provee información útil y a tiempo sobre las condiciones del aire en el valle de Aburrá.

Además de estos dos pactos, la región metropolitana tuvo su primer Plan de Descontaminación del Aire en 2010, que fue actualizado en 2017 con el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA, y una herramienta para la atención de episodios críticos en materia ambiental, el Plan Operativo para Episodios de Contingencia Atmosférica – POECA. Estos planes han guiado la aplicación de programas como el pico y placa ambiental para las emisiones industriales y vehiculares, estrategias de producción más limpia e iniciativas de apropiación del conocimiento como ciudadanos científicos. Además, han promovido la aplicación de estándares de emisiones para la región derivados del conocimiento de las características topográficas, los niveles de emisiones contaminantes y la densidad poblacional del Valle de Aburrá.

¿Qué proponen el PIGECA y el nuevo Pacto por la Calidad del Aire?

El PIGECA establece un marco de acción para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y sus municipios miembros en materia de gestión de la calidad del aire para el mediano plazo. Fue desarrollado por el Clean Air Institute en asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana, y sus ejes temáticos son la generación de conocimiento, el ordenamiento territorial, los equipamientos urbanos, el transporte público, la sostenibilidad de la industria, el arbolado humano, la efectividad en el control ambiental, la atención adecuada a contingencias atmosféricas, las zonas protegidas y un sistema de cargas y beneficios.

Las intervenciones propuestas en el PIGECA cubren ámbitos: el sector transporte y las fuentes fijas. De acuerdo con los modelos desarrollados como parte del PIGECA, las medidas más efectivas para la reducción de emisiones de PM2.5 en el sector transporte son, en su orden, las políticas para reducir el impacto ambiental del transporte de carga y volquetas, las políticas de expansión y fortalecimiento del transporte público, las políticas de gestión de la demanda de transporte y la mejora de los combustibles. En las fuentes fijas, la única medida con un nivel similar de importancia en materia de reducción de emisiones de PM2.5 es la optimización de sistemas de control de emisiones.

El Pacto por la Calidad del Aire, por su parte, incluye los compromisos de distintos actores para promover la reducción de la contaminación del aire. Estos compromisos incluyen, en términos generales, la promoción de tecnologías limpias, tanto para la producción en el sector industrial como para la movilidad, la renovación de flota en las empresas y gremios de transporte público y de carga, y la siembra de árboles, promoción de campañas educativas y mejoras en la gestión urbanística por parte de los municipios y el sector de la construcción.

Si se comparan las medidas identificadas como prioritarias por el PIGECA con los compromisos del Pacto, los resultados no son alentadores.  En términos generales, salvo Postobón, Cementos Argos y Grupo Nutresa, las empresas firmantes del pacto que tienen algún componente de transporte de carga no incluyen estrategias específicas de modernización de su flota a un horizonte menor de diez años, ni proponen compromisos permanentes para mejorar la eficiencia en la operación logística.

Resulta preocupante, además, el hecho de que no haya entre los firmantes ninguna representación de los operadores de las rutas de transporte colectivo de la ciudad. Una actitud proactiva de los transportadores en materia de sostenibilidad promovería la agilización de los programas de renovación de flota, unificación del recaudo y desincentivo al vehículo particular. A la falta de participación de los transportadores en el pacto de manera explícita se suma la ausencia de programas específicos de gestión de la demanda de transporte en las iniciativas propuestas por las administraciones municipales[1]. Tanto el PIGECA como otros espacios de discusión como las mesas de trabajo en movilidad de Medellín Cómo Vamos han resaltado la necesidad de una política integral que combine el fortalecimiento del transporte público y el desincentivo de la demanda de transporte privado a través del aumento en sus costos.

Así, aunque el Pacto por la calidad del aire expresa voluntades de múltiples sectores para el mejoramiento del medio ambiente, le deja a la autoridad ambiental y de transporte en la región metropolitana el desafío de promover mediante sus funciones de comando y control las estrategias más relevantes para la reducción de la contaminación ambiental: la gestión del transporte de carga, la modernización del transporte colectivo y la gestión de la demanda de transporte privado.

[1] La Alcaldía de Medellín propone medidas de gestión de la demanda, pero no especifica cuáles serán implementadas, de qué tipo serán, ni cuál será su horizonte de ejecución.”

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